La decisión quedó plasmada en una sentencia de 220 páginas, mediante la cual el Tribunal cerró el debate oral sin imponer condenas a ninguno de los siete acusados.
-El expediente había llegado a juicio con imputaciones vinculadas con turbación de la posesión, coacción y extorsión, a partir de las denuncias presentadas por los responsables de la distribuidora tras las protestas desarrolladas frente a sus instalaciones entre el 22 y el 26 de febrero de 2021.
Durante las audiencias, la acusación sostuvo que las medidas gremiales habían afectado el funcionamiento de la empresa y que existieron presiones y exigencias económicas. Las defensas, por su parte, rechazaron esas imputaciones y plantearon que los acontecimientos debían analizarse dentro de un conflicto laboral.
Entre los principales testimonios estuvieron los de Gustavo Rey y Ariel Rey, quienes declararon durante varias horas ante el Tribunal. Ambos expusieron su versión sobre las consecuencias de las protestas y los presuntos requerimientos económicos que habían motivado parte de la investigación. El debate también incluyó declaraciones de trabajadores, profesionales, funcionarios y peritos, además de la incorporación de documentación contable, audios y otros elementos reunidos durante la instrucción.
Uno de los aspectos discutidos fue la existencia de reclamos laborales relacionados con categorías, liquidación de horas extras, adicionales y obligaciones económicas de la empresa. Las defensas utilizaron esos antecedentes para cuestionar la interpretación penal de las medidas sindicales.
En representación de Cabaleyro intervinieron los abogados Mauricio Gugger, González e Ignacio Baldarenas, mientras que Gabriel Ruiz asumió la defensa de los seis trabajadores. La acusación del Ministerio Público Fiscal estuvo representada por María del Valle Viviani.
Durante la etapa final del juicio, Cabaleyro y los trabajadores optaron por no declarar. Sus abogados también desistieron de producir la prueba testimonial que habían ofrecido. Finalmente, el Tribunal dictó la absolución de los siete acusados.
La decisión constituye el desenlace del juicio oral, aunque no implica necesariamente que la sentencia se encuentre firme, ya que las partes acusadoras podrían recurrirla ante una instancia superior. Hasta el momento, no se informó si la Fiscalía o la representación del particular damnificado presentarán algún recurso contra el fallo
