La sede porteña del Partido Justicialista se convirtió en el escenario de un encuentro en el que funcionarios, exfuncionarios y representantes de los distintos rubros del sector se reunieron para debatir sobre la crisis que atraviesa el turismo en medio de un difícil contexto económico.
A lo largo del conversatorio, dirigentes del peronismo de todo el país apuntaron a la falta de medidas por parte del Gobierno nacional y coincidieron en la necesidad de volcar en un documento los reclamos que afectan al sector.
Por decisión de Cristina Fernández de Kirchner, el Partido Justicialista Nacional constituyó por primera vez su Secretaría de Turismo con el propósito de abrir un debate estratégico e ineludible sobre el modelo de desarrollo que la Argentina requiere. Frente al dogma neoliberal del actual Gobierno, este espacio político reafirma que detrás de cada
política pública existen personas y comunidades enteras. El turismo no es solo un indicador económico; constituye un motor imprescindible para la generación de empleo, el arraigo territorial, el ingreso de divisas y el desarrollo federal armónico.
A mil días del inicio de la gestión encabezada por Javier Milei, con Luis Caputo en la conducción económica y Daniel Scioli al frente de la cartera turística, el sector atraviesa una crisis estructural sin
precedentes. Las jornadas concluyeron de manera unánime con un diagnóstico contundente: las políticas impulsadas por el Gobierno nacional han transformado al turismo, desplazándose de su histórico rol de generador de empleo y factor del desarrollo federal del país, para convertirlo en un privilegio reservado para minorías.
El atraso cambiario, la inflación en dólares y el incremento desmedido de las tarifas han posicionado a la Argentina como un país sumamente costoso para el turismo receptivo e inaccesible para el bolsillo popular.
En 2025 se registró un récord histórico de turismo emisivo, con 11,9 millones de salidas de residentes al exterior, frente a sólo 5,3 millones de llegadas de extranjeros. Esta brecha derivó en un déficit cambiario superior a los US$ 4.054 millones. Durante 2026, si bien se observó un leve ajuste fruto de la caída del poder adquisitivo, ya no de las clases más bajas sino de las clases medias que tornaron dificultosa la salida de argentinos hacia el exterior, el saldo físico continúa fuertemente desequilibrado: salen 2,10 residentes por cada turista internacional
que ingresa al país.
El colapso del poder adquisitivo de las familias argentinas ha destruido el consumo. La demanda en establecimientos
gastronómicos acumula una caída de entre el 30% y el 40% en los últimos dos años. En el sector hotelero, la ocupación promedio en fines de semana largos apenas alcanza valores de entre el 45% y el 50%, mientras que en la hotelería sindical la ocupación ha caído a niveles prácticamente nulos. Las pequeñas y medianas empresas
—que sostienen el 90% de la oferta del sector— sufren la presión desmedida de ARCA mediante intimaciones y embargos, sumado a la imposibilidad de utilizar saldos a favor de IVA, la suba de insumos y la competencia desleal
2027 pone en evidencia el desmantelamiento de la promoción turística nacional. El Poder Ejecutivo prevé recaudar $234.926 millones a través del Instituto Nacional de Promoción Turística
(INPROTUR) mediante el Derecho Nacional de Turismo impuesto por la Ley 25.997. Sin embargo, incurriendo en un incumplimiento legal manifiesto, solo destinará el 8,1% ($19.100 millones) a gastos operativos de promoción y administración. El 91,9% restante de los fondos será desviado hacia aplicaciones financieras ($145.826 millones) y un aporte figurativo al Tesoro Nacional ($70.000 millones). Asimismo, los programas centrales de turismo registrarán un ajuste real del 28,8% respecto al año 2026.
El retiro del Estado nacional afecta gravemente los bienes comunes del país. La Administración de Parques Nacionales sufrió un recortes presupuestario de $2.557 millones, comprometiendo tareas de conservación, brigadistas y prevención de incendios. Las
modificaciones impulsadas a la Ley de Glaciares, Ley de Tierras y la derogación de la Ley de Manejo del Fuego representan un severo retroceso en materia de soberanía y protección ambiental. A este panorama se suma el abandono planificado de la red vial nacional
—reteniendo los fondos del impuesto a los combustibles— para forzar procesos de privatización, dejando a las provincias el costo de sostener la conectividad terrestre.
Frente al modelo de exclusión, la Secretaría de Turismo del PJ Nacional, con la participación de representantes de las 24 provincias, consolidó una propuesta programática basada en la articulación entre el Estado inteligente, las provincias, los municipios, los trabajadores y el sector privado:
Fondo Federal de Desarrollo Turístico: Creación de un instrumento de financiamiento permanente destinado a obras de infraestructura estratégica, servicios turísticos, accesibilidad y puesta en valor de destinos consolidados y emergentes.
Estrategia "Argentina todo el año": Diversificación de productos turísticos para romper con la estacionalidad, impulsando esquemas de incentivos, financiamiento en cuotas y convenios de turismo interno.
Programa Nacional de Turismo Social: Restitución del turismo social como un derecho inalienable para jubilados, estudiantes, trabajadores y sectores vulnerables, recuperando la operatividad de los complejos emblemáticos de Chapadmalal y Embalse.
Plan Federal de Conectividad: Rediseño de la política aerocomercial, ferroviaria y vial que garantice la integración de aquellos destinos que no resultan prioritarios para la lógica del mercado, acompañado por una
reducción competitiva de las tasas aeroportuarias. Observatorio Turístico Federal e INPROTUR Federal:
Democratización del INPROTUR para garantizar que la promoción internacional responda a las necesidades de todas las provincias, y creación de un sistema de estadística unificado que recupere las mediciones del INDEC.
Protección del entramado PyME: Diseño de incentivos diferenciados frente al RIGI para proteger a los pequeños y medianos emprendimientos, otorgando alivio fiscal, líneas de crédito acordes y un marco normativo contra la oferta informal.
De cara al inicio de la Feria Internacional de Turismo (FIT 2026), la presente jornada estableció la ejecución de las siguientes acciones prioritarias:
sindicatos del sector, universidades públicas y municipios turísticos.
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