Este programa concentra el financiamiento a las universidades nacionales. Se compone de recursos para salarios y gastos de funcionamiento, las becas, los fondos al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras transferencias del sistema universitario. La partida dominante es la transferencia a universidades nacionales para gastos corrientes (fundamentalmente salarios docentes y no docentes y gastos de funcionamiento), que explica el 99,1% del programa.
En 2026, el “Programa Desarrollo de la Educación Superior” cayó un 2,2% interanual en términos reales
Sin embargo, al interior del programa las dinámicas de ejecución del gasto muestran una importante heterogeneidad. Mientras que los recursos para gastos corrientes de las universidades retrocedieron un 2,0% real, los giros para el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) cayeron un 50,0%, las becas estudiantiles mermaron un 12,6% real y los aportes a gremios universitarios cedieron un 43,0% real. Por último, las transferencias de capital a universidades directamente no registraron devengado en 2026 (habían sido $289 millones en el primer semestre de 2025).
Alta concentración de transferencias a universidades
Entre las universidades nacionales, 40 de las 60 sufrieron caídas reales en torno al 1,4%, Las transferencias corrientes alcanzaron a 61 universidades en el primer semestre de 2026, con una dispersión de tamaños enorme: desde los $475.428 millones de la Universidad de Buenos Aires (17,6% del total) hasta los $500 millones de la recién incorporada Universidad Nacional de Río Tercero.
El sistema muestra una concentración marcada pero no extrema. La UBA recibe por sí sola más que las 40 universidades más chicas juntas, y unas 215 veces lo que recibe la Universidad Nacional del Alto Uruguay.
Las cinco mayores universidades (UBA, UTN, La Plata, Córdoba y Rosario) explican el 43,0% de los fondos, las diez mayores el 58,7% y las quince mayores el 68,3%. Siete universidades acumulan la mitad de las transferencias y hacen falta 24 para llegar al 80%.
Las cinco mayores universidades (UBA, UTN, La Plata, Córdoba y Rosario) explican el 43,0% de los fondos
En el otro extremo, 19 universidades reciben individualmente menos del 0,5% del total y en conjunto apenas el 3,7%: es el universo de las universidades del conurbano y del interior creadas en las últimas dos décadas, cuya suerte presupuestaria individual pesa poco en el agregado, pero define su viabilidad institucional.
Radiografía del recorte
Los fondos al CIN, la partida por la que se canalizan programas interuniversitarios y el funcionamiento del propio consejo, merecen una mención específica por lo pronunciado del recorte: pasaron de $3.066 millones a $2.037 millones nominales, una caída de 33,6% nominal que, en términos reales, significa la mitad de los recursos (-50,0%).
Las becas (principalmente Progresar) crecieron 16,1% nominal y cayeron 12,6% real, un ajuste intermedio: menos severo que el del CIN, pero mayor al de las transferencias salariales. Los aportes a los gremios del sistema (FATUN y FEDUN, típicamente vinculados a obras sociales y capacitación) cayeron 43,0% real.
Dos partidas directamente desaparecieron del devengado 2026: las transferencias de capital a universidades (infraestructura y equipamiento, $289 millones devengados en el primer semestre de 2025, con obras en Río Negro, Patagonia, Villa María y Formosa) y las transferencias a instituciones de enseñanza provinciales y municipales ($41 millones en el primer semestre de 2025). La inversión universitaria en capital, ya casi testimonial en 2025, quedó en cero en la primera mitad de 2026: el crédito vigente 2026 para esa partida es de apenas $330 millones y no registra ejecución. El único rubro con crecimiento real es el de gastos en personal del propio programa (4,2% real), que por su tamaño ínfimo (0,08% del total) no altera la estructura de la partida presupuestaria.
Transferencias por universidades
La variación real de las transferencias corrientes por universidad muestra, al primer semestre de 2026, una caída promedio del -2,0%, con 40 de las 60 universidades comparables en terreno negativo.
Los valores extremos positivos corresponden casi exclusivamente a universidades nuevas en fase de puesta en marcha, que parten de pisos muy bajos: Madres de Plaza de Mayo (160,9%), del Delta (105,9%), de Pilar (101,5%) la Universidad de la Defensa Nacional (54,8%) y del Alto Uruguay (20,7%).
Gráfico 4. Mayores subas y mayores caídas reales por universidad, 1S-2026 vs. 1S-2025.
Entre las universidades consolidadas, las subas reales son escasas y modestas, y se concentran en instituciones medianas y chicas del conurbano bonaerense: Lomas de Zamora (6,8%), Hurlingham (5,1%), Quilmes (3,5%), San Antonio de Areco (3,0%) y Lanús (2,5%).
En el extremo opuesto, las mayores caídas castigan sobre todo a universidades pequeñas y jóvenes (Raúl Scalabrini Ortiz (13,1%), Rafaela (9,5%), Pedagógica Nacional (8,2%), Chilecito (6,0%), pero también a la mayor del sistema: la UBA perdió 5,2% real, la peor performance entre las grandes, lo que en valores absolutos representa la mayor pérdida real del sistema (unos $26.000 millones a precios del primer semestre de 2025). Las restantes universidades grandes (UTN, La Plata, Córdoba, Rosario, Tucumán, Cuyo) se movieron entre -0,5% y -3,5% real.
Las diferencias entre universidades responden más a fondos específicos, refuerzos puntuales o calendarios de pago que a una recomposición deliberada de la distribución del sistema, que se mantuvo estable en relación con el peso presupuestario histórico de cada universidad.
Normalización presupuestaria pero sin recomposición
Durante el ejercicio 2025, el programa funcionó bajo el mecanismo de presupuesto prorrogado, lo que implicó una elevada incertidumbre operativa: más del 83% del crédito figuraba bajo la partida genérica "Universidades sin discriminar" ($3,5 billones que se fueron asignando mediante actos administrativos discrecionales a lo largo del año).
En contraste, el año 2026 comenzó con una técnica presupuestaria con mayor certidumbre formal: el crédito inicial ya nació asignado nominalmente a cada casa de altos estudios ($4,87 billones iniciales).
Las becas (principalmente Progresar) crecieron 16,1% nominal y cayeron 12,6% real
No obstante, esta normalización formal convivió con un deterioro sistemático del poder real de los recursos. La política oficial priorizó sostener de forma mínima los gastos corrientes (salarios y funcionamiento indispensable), sacrificando de manera absoluta la expansión edilicia, el equipamiento tecnológico y la transferencia a organismos de coordinación institucional.
La composición del ajuste permite observar que se preservó relativamente y en pisos mínimos el flujo salarial y de funcionamiento, y se ajustó lo demás. La contracara es un sistema que sostiene su operación corriente pero prácticamente sin inversión en infraestructura ni en programas interuniversitarios financiados por la Nación.
Al evaluar 2024-2026, los datos presupuestarios permiten ofrecer un diagnóstico preciso sobre la sostenibilidad del sistema de educación superior. Más precisamente, muestran de qué manera la política universitaria del gobierno nacional ha consolidado una continuidad operativa formal básica, pero exponiendo las dimensiones de la calidad cualitativa, la investigación, las becas y la infraestructura a un riesgo de degradación estructural.
