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La Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados de la Nación, que preside el diputado Pablo Yedlin (UP), realizó una reunión informativa junto a especialistas e instituciones, a fin de analizar el Presupuesto 2027 y la inversión destinada al área según la proyección para el año próximo.

Los expositores alertaron que la Ley de Leyes propone en su artículo 17 la derogación de la movilidad automática, el fin de la actualización de rangos y la discrecionalidad del Ejecutivo, es decir, el proyecto no reemplaza la fórmula por un nuevo índice ni fija una periodicidad obligatoria, sino que los futuros incrementos dependerán enteramente de una decisión discrecional del Gobierno nacional.

En primer lugar, Sebastián Waisgrais, en representación de UNICEF, resaltó el rol de la Oficina Nacional de Presupuesto porque “desde 2018 contamos con un etiquetado presupuestario que nos permite tener estos datos institucionalizados, disponer de un etiquetado que hoy está disponible y en una página de Presupuesto abierto”. 

“Por sexto año consecutivo, la ley de Presupuesto de la Administración Pública Nacional incorpora en el mensaje de remisión al Congreso el seguimiento de las políticas de niñez y adolescencia y creo que esto es un hecho importante que se viene manteniendo hace varios años”, destacó también.

Asimismo, en nombre de UNICEF, Julia Frenkel realizó un detallado análisis acerca del Presupuesto 2027 y planteó una “alerta” en relación a la derogación de la movilidad automática de las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH). “Esto plantea justamente una señal de alerta en términos de la garantía de estas prestaciones de mantener su poder adquisitivo frente a la inflación”, dijo Frenkel.

“También se plantean cambios vinculados al esquema vigente del régimen de discapacidad, esto excede lo presupuestario, se plantea la eliminación de la homogeneidad de los aranceles de prestaciones para todos los financiadores, lo cual puede provocar desafíos, diferencias de acceso de coberturas e incompatibilidades entre la protección social y el empleo formal”, añadió la integrante de UNICEF. 

En relación a los últimos años, Frenkel consignó un “proceso de fuerte contracción fiscal” en la temática, pasando de 21,3 puntos del PBI en 2022 a 13,9 puntos en 2026. “Lo que nos muestra el Presupuesto 2027 es que de alguna manera esta dinámica se morigera, pareciera que se termina el ajuste, tenemos un Presupuesto 2027 que plantea un porcentaje de 14 puntos del PBI y un leve crecimiento en términos reales de 3,9% respecto del Presupuesto de este año”, diferenció.

A continuación, Javier Moro, de la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, coincidió en que “la proyección nos indica que 2027 estaría por encima del año actual en curso, en torno a un crecimiento real considerando la inflación, en 1.8%”.

“Las partidas más significativas, el gasto o la inversión pública a nivel nacional, están concentradas en transferencias de ingresos y puntualmente en la seguridad social, en las asignaciones familiares en su conjunto, y ahí lo que encontramos es un incremento del 3.5% en valor real respecto del año en curso”, dijo Moro.

De igual forma, Moro planteó “una alerta” respecto a la fragmentación de la seguridad social y llamó la atención sobre el artículo 17 de la ley de Presupuesto, que deroga la actualización automática de las asignaciones. “Esta actualización es lo que sostiene el valor frente a otras transferencias de ingresos que han perdido mucha capacidad adquisitiva”, alegó.

Francisco Rodríguez, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), recordó que “hay dos programas de protección social, que tienen que ver con la Asignación Universal y la prestación alimentaria, que cubren a 4 millones de niñas, niños y adolescentes”.

Por esta razón, Rodríguez advirtió sobre el hecho de que la prestación alimentaria “estuvo 23 meses sin aumentar”, desde junio de 2024 hasta mayo de 2026. “Eso atenta contra la capacidad que tienen niñas, niños y adolescentes de alimentarse en la diaria, de acceder a esos recursos. Y hoy cubre el 88% de lo que es la canasta básica alimentaria”, dijo.

“¿Qué es lo que proponemos nosotros? Eliminar el artículo 17 del Presupuesto 2027. Además, no tiene más sentido tener a la AUH y a la prestación alimentaria como políticas separadas. Lo que vale ahí es unificarlas en una única política que se transfiera de forma conjunta. Eso garantizaría que los recursos que están en la prestación alimentaria sigan la movilidad y entonces no pierdan contra la inflación”, propuso el integrante de la ACIJ.

Durante la reunión, Ana Belén Medina, de la Red Argentina de Juventudes, advirtió acerca de “niveles de sub-ejecución que son preocupantes y alarmantes” en los fondos destinados al área.

Medina se refirió al programa de conectividad e infraestructura que, desde 2024, “dejó de ser prioridad en la agenda educativa”. “Pasó una pandemia, todos entendemos la importancia que es poner la plata donde es necesario, en las escuelas y en la accesibilidad de todos y todas las argentinas con la diversidad de realidades de la educación y de las instituciones educativas”, argumentó.

Del mismo modo, se refirió a la inversión en la educación técnico-profesional como “una herramienta fundamental para las juventudes, en un contexto donde quizás no podemos tener un proyecto de vida específico porque estamos atravesados por la precarización y por el pluriempleo”.

“Sin embargo, el proyecto 2027 muestra una baja significativa respecto al 2026 en la asistencia financiera esperada para las partidas de la educación técnico-profesional,  70% menos para el acondicionamiento y 83% menos para el equipamiento”, formuló.