JUEVES 15 DE OCTUBRE DE 2026
La decisión fue adoptada en el marco de la causa impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que cuestiona la falta de actualización de los salarios docentes y no docentes, así como la insuficiencia de recursos destinados a programas de becas estudiantiles.
En su resolución, el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 señaló que corresponde hacer efectiva la advertencia que había formulado a fines de septiembre frente al incumplimiento verificado por parte del Poder Ejecutivo. En ese contexto, dispuso la aplicación de las denominadas "astreintes", sanciones económicas que buscan forzar el cumplimiento de una orden judicial.
El magistrado fundamentó la medida en las atribuciones que la Constitución Nacional y la Ley 27.798 asignan a la Jefatura de Gabinete en materia presupuestaria. Por esa razón, la penalización recae sobre su titular, quien deberá afrontar una multa de carácter diario mientras persista el incumplimiento.
Además, Cormick aclaró que tanto el monto de la sanción como los funcionarios alcanzados podrían modificarse más adelante si la situación no se revierte.
La resolución llega después de que el juez intimara al Gobierno el pasado 22 de septiembre para que acreditara el cumplimiento de la cautelar en un plazo de cinco días. Al no registrarse avances una vez vencido el plazo, el tribunal resolvió avanzar con la sanción.
El conflicto se origina en la discusión por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Aunque la administración de Javier Milei apeló el fallo que declaró la inconstitucionalidad del Decreto 759/2025, instrumento con el que había buscado dejar sin efecto esa normativa, el magistrado remarcó que la medida cautelar continúa plenamente vigente.
En ese sentido, sostuvo que la apelación presentada por el Ejecutivo no suspende la obligación de cumplir con lo ordenado judicialmente y recordó que la cautelar fue previamente convalidada por la Corte Suprema, por lo que mantiene su fuerza ejecutoria.
La decisión judicial representa un nuevo revés para el Gobierno en el frente universitario, un conflicto que mantiene enfrentadas a las autoridades nacionales con rectores, docentes y estudiantes por el financiamiento de las casas de estudio y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios del sector.
