DOMINGO 07 DE JUNIO DE 2026
El debate sobre una profunda reforma del sistema electoral en Argentina aún sigue sin ser abordado de manera integral. Principalmente, los ejes más problemáticos de la discusión política giran en torno al volumen del gasto público y a los mecanismos de financiamiento de los partidos políticos.
Desde Fundación Éforo elaboramos un análisis transversal y longitudinal en un período de prácticamente 20 años que abarca 10 procesos electorales: cinco presidenciales y cinco comicios de medio término. Para evaluar la evolución real del esfuerzo fiscal ante los cambios normativos significativos, todos los valores que siguen a continuación están expresados a precios constantes de 2025.
El gasto público destinado a los partidos políticos y a la política electoral (GPPyE) varía significativamente dependiendo de si se trata de un año electoral o no. En los años no electorales recientes (2024 y 2026), el gasto se estabilizó en torno a los $100.000 millones, lo que representa un 0,01% del Producto Bruto Interno (PBI).
En los años en que se celebraron elecciones nacionales, ya sean presidenciales o legislativas, este gasto fue mayor. Las elecciones presidenciales de 2023 demandaron una erogación de $574.132 millones (0,07% del PBI) y las legislativas de 2025 implicaron gastos por $468.083 millones (0,05% del PBI).
Los picos históricos de esfuerzo fiscal continúan observándose en los años electorales 2011 y 2015, superando en ambos casos la barrera de los $600.000 millones (equivalentes al 0,08% del PBI en ambos períodos). En 2023 (PASO, Generales y balotaje), aunque con casi $100.000 millones menos, se registró el tercer mayor nivel de erogaciones, totalizando $574.132 millones (0,07% del PBI).
La sanción de la Ley 26.571 a fines de 2009, que instauró las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), generó un salto de nivel permanente en el costo de los años electorales. Antes de su implementación, organizar una elección nacional implicaba un único despliegue logístico central. A partir de 2011, la obligatoriedad de realizar dos comicios nacionales en un mismo año elevó el "piso" histórico del gasto electoral a un rango superior a los $440.000 millones.
Así, las elecciones presidenciales de 2007 demandaron $284.500 millones y las legislativas de 2009 representaron $296.967 millones. En los años de elecciones de medio término, en los que se implementaron las PASO (2013, 2017 y 2021), se observa un comportamiento estable en el esfuerzo fiscal.
Las elecciones legislativas de 2025 implicaron gastos por $468.083 millones, equivalente al 0,05% del PBI
En estos tres ciclos, el Estado nacional financió dos instancias electorales y el gasto fluctuó en una banda muy estrecha, lo que demuestra que, a igual cantidad de eventos electorales, el costo real del sistema se mantuvo previsible (rondando el 0,06% del PBI).
El año 2025 representa un caso aparte ya que, debido a la suspensión de las PASO, el calendario electoral requirió un único despliegue logístico a nivel nacional (elecciones generales). Resulta llamativo, entonces, que el gasto totalizado ($468.083 millones, equivalente al 0,05% del PBI) experimentó apenas una reducción marginal respecto a los años anteriores, en los que hubo doble elección.
En Argentina, la Ley Nº 26.215 y sus modificatorias regulan el financiamiento de los partidos políticos. En su artículo 4 se establece que las actividades de los partidos políticos pueden ser financiadas con recursos de dos fuentes: públicas (aporte regular del Estado nacional a través del Fondo Partidario Permanente, a cargo del Ministerio del Interior) y privadas (aporte de sus afiliados, donaciones u otras actividades propias).
Por otro lado, la política electoral y la ejecución de los actos electorales son organizadas a través del trabajo conjunto entre la Dirección Nacional Electoral (DINE), que depende del Ministerio del Interior; la Justicia Electoral; el Comando General Electoral, que tiene a su cargo la programación y ejecución de las medidas de seguridad desplegadas durante el proceso electoral; y el Correo Argentino, encargado de la prestación del servicio de logística general.
El gasto destinado a los partidos políticos y a la política electoral se canaliza a través del subprograma “Fuero Electoral” del programa “Justicia Federal”, ejecutado por la Cámara Nacional Electoral, y del programa “Impulso al Desarrollo del Sistema Democrático y Relaciones con la Comunidad”, en el ámbito del Ministerio del Interior.
Al observar la ejecución a precios de 2025, el subprograma “Fuero Electoral” exhibe para el período 2023-2026 un nivel de gasto acotado entre $84.000 millones y $109.000 millones. Esta estabilidad obedece a que prácticamente la totalidad de su gasto es remuneración del personal.
En contraposición, bajo el programa del Ministerio del Interior se efectúa desde el financiamiento a los partidos políticos hasta la programación y ejecución de la política electoral nacional. Esto incluye todas las erogaciones propias del proceso electoral, como la impresión de boletas, financiamiento de campañas, operativo de seguridad y actividades de escrutinio. Esto explica su alta volatilidad: en años no electorales su ejecución cae drásticamente (registrando apenas $2.873 millones en 2024 y un crédito inicial de $2.825 millones para 2026), mientras que en años electorales absorbe la mayor parte del GPPyE ($489.153 millones en 2023 y $361.364 millones en 2025).
El GPPyE se comporta como un sistema de costos mixtos: una base de gastos fijos (personal y administración) y un componente de gastos variables. El gasto en personal se consolida como el elemento más estable del sistema, y dentro del “Fuero Electoral” y la “Dirección Nacional Electoral” mantiene una estructura de costos que oscila entre los $86.000 millones y los $125.000 millones a precios de 2025.
Por otro lado, la administración del Fondo Partidario Permanente (FPP) exhibe una marcada tendencia decreciente en términos reales. Mientras que en 2015 alcanzó un pico de $34.998 millones de pesos, en los últimos años se ha estabilizado en niveles mínimos cercanos a los $400 millones. Esta dinámica indica que el financiamiento público actual está fuertemente concentrado en la instancia electoral y ha perdido peso en el sostenimiento del desenvolvimiento institucional diario de las agrupaciones políticas.
El FPP es administrado por el Ministerio del Interior y sus recursos se distribuyen entre los partidos políticos como aporte para su desenvolvimiento institucional. Constituye una herramienta de primer orden desplegada por el Estado nacional para garantizar la independencia política de los partidos al momento de definir sus plataformas y propuestas en íntima vinculación con las demandas reales de la ciudadanía.
El costo de servicio logístico prestado por el Correo Argentino fue de $225.113 millones, y representa el valor más alto de toda la serie
El servicio logístico prestado por el Correo Argentino es históricamente uno de los rubros más sensibles del GPPyE. Los datos muestran un llamativo cambio de tendencia. Durante las elecciones presidenciales con balotaje, como en 2015 y 2023, el costo logístico promedió los $190.797 millones de pesos. En contrapartida, en las elecciones legislativas con PASO de 2017 y 2021, el promedio solo descendió levemente a $183.687 millones. Resulta disruptivo el caso de 2025, ya que, a pesar de haberse suspendido las primarias y realizado un único despliegue nacional, el costo logístico fue de $225.113 millones de pesos. Esta cifra representa el valor más alto de toda la serie.
Por otro lado, las transferencias muestran una correlación directa con la cantidad de instancias electorales. Este concepto engloba el aporte para impresión de boletas, seguridad del Comando Electoral y aportes extraordinarios de campaña. En los años presidenciales con balotaje de 2015 y 2023, este rubro alcanzó picos de $219.801 millones y $218.394 millones, respectivamente, evidenciando el esfuerzo fiscal de un triple financiamiento.
En las transferencias se percibe el verdadero impacto de la simplificación del calendario en 2025, año en que cayeron en aproximadamente $120.000 millones. Esto demuestra que el financiamiento directo a los partidos y la impresión de boletas fueron los dos conceptos de gasto que dinamizaron el ahorro de no realizar elecciones primarias en 2025. Sin embargo, este ahorro fue neutralizado por el incremento en el servicio logístico, que registró su mayor costo histórico.
