“En 2015 hicimos un juicio contra el Congreso Nacional diciendo que habían pasado 10 años sin que tomaran ninguna medida”, explica Francisco Rodríguez, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), una de las organizaciones que integra la red Infancia en Deuda. Ese juicio habilitó, en 2017, la creación de la Comisión Bicameral y el inicio del primer concurso público, que culminó con el nombramiento de Marisa Graham como defensora titular, junto a dos adjuntos.
Hoy vuelve a estar detenido el nombramiento de su titular luego de que la Cámara de Diputados avanzara con la designación de María Paz Bertero, pero el Senado lo dejó congelado. Así, tras maniobras del oficialismo, la Defensoría continúa acéfala.
La Defensoría tiene herramientas legales amplias: puede presentar proyectos de ley, iniciar juicios en cualquier provincia, pedir auxilio policial, imponer multas y realizar denuncias penales. Su diseño institucional apunta a que funcione con autonomía real respecto de los otros poderes del Estado.
El concurso, el proceso y la terna
El mandato de las autoridades designadas en 2020 venció en febrero de 2025. Durante todo 2024, las organizaciones enviaron notas al Congreso advirtiendo sobre el plazo sin obtener respuesta. Ante la inacción, volvieron a la Justicia. Recién entonces se reactivó la comisión.
El concurso público se desarrolló a lo largo de 2025 con todas las etapas previstas: evaluación de antecedentes, exámenes escritos eliminatorios, audiencias públicas y presentación de planes de trabajo. Las organizaciones de la sociedad civil tuvieron participación activa. "Estuvimos presentes para que se hicieran las cosas bien", recuerda Marcela Val, de Che Pibe, organización territorial de Villa Fiorito que integra la Mesa de Articulación Federal. Esa participación incluyó también la posibilidad de presentar objeciones a candidatos.
“Fue un proceso con total transparencia. Participaron organizaciones de distintas ideologías y adherencias políticas. Hubo una comisión veedora, los exámenes contaron con audiencias públicas y todo se filmó”, señala a El Auditor.info Gabriela Tozoroni, de la Red Argentina No Baja.
De ese proceso surgió una terna encabezada por María Paz Bertero como defensora, seguida por Héctor Vito como adjunto. La Cámara de Diputados aprobó la terna con 156 votos a favor. Solo faltaba la aprobación del Senado.
Ahí se produjo la ruptura. La nueva comisión bicameral, conformada tras el cambio de mandatos legislativos, declaró el concurso vencido. El argumento: los 180 días de vigencia previstos por el reglamento debían contarse como días corridos y no como días hábiles legislativos, revirtiendo una resolución de 2019 que todos los candidatos habían firmado al inscribirse.
"Desconocer de manera arbitraria todo un proceso que se dio con total transparencia, cuando solo faltaba la aprobación del pliego en el Senado, no tiene justificación técnica”, sostiene Tozoroni, de la Red Argentina No Baja
"Eso es una vulneración muy grave a la seguridad jurídica. Las más de 200 personas que se presentaron firmaron conociendo ese reglamento. De la noche a la mañana les cambiaron la forma de contar los días y dieron el concurso por vencido. Si uno puede cambiar los plazos cuando quiere, básicamente los plazos no existen", dice Rodríguez. Cree que el precedente es preocupante más allá de este caso: "El Congreso hace concursos para auditores, para el Defensor del Pueblo, para jueces, para fiscales. Que exista como antecedente válido que uno puede cambiar la forma de contar los plazos en la mitad de un proceso es gravísimo".
“Los fundamentos son muy flojos. Desconocer de manera arbitraria todo un proceso que se dio con total transparencia, cuando solo faltaba la aprobación del pliego en el Senado, no tiene justificación técnica”, sostiene Tozoroni.
"La pobreza no es nueva, los problemas en educación no son nuevos, pero sí son urgentes, y necesitamos instituciones que se ocupen de eso", destaca Rodríguez, de ACIJ
Val describe lo que observó al intentar presenciar la constitución de la nueva Bicameral en el Senado: "No nos dejaban pasar como sociedad civil y pudimos entrar con apoyo de asesores y legisladores. Pero además, cuando llegaron los propios senadores y diputados de la oposición, la presidenta y el vicepresidente de la Bicameral ya estaban constituidos y eran los dos de la misma fuerza, sin cumplir con el reglamento que exige representación proporcional al peso de cada fuerza en la legislatura".
Una Defensoría sin voz
La Defensoría sigue funcionando administrativamente, con un equipo que atiende expedientes y recibe denuncias. Pero sin una autoridad designada por concurso no puede posicionarse públicamente ni actuar con autonomía ante los otros poderes. La semana pasada, el Ministerio de Economía le recortó $400 millones de su presupuesto. "No hay nadie que pueda salir a decir nada", señala Rodríguez.
“Al no tener hoy una defensora o un defensor designado, no tenemos una voz política que pueda posicionarse de manera autónoma frente a las situaciones que hoy atraviesan las niñeces: más del 50% en situación de pobreza, desmantelamiento de políticas públicas, faltante de vacunas en provincias y desnutrición creciente en el Noroeste (NOA) y Noreste argentino (NEA)”, advierte Tozoroni.
Val suma otro argumento concreto: "La Defensoría es quien puede defender institucionalmente la Educación Sexual Integral (ESI). Sin una conducción fuerte, eso queda sin respaldo institucional". Y brinda un antecedente reciente: "Cuando no se les daban los alimentos a los comedores, la Defensoría intervino y la Justicia falló con una cautelar ordenando la entrega. Eso es lo que se pierde cuando no hay una voz institucional activa", señala.
Para Tozoroni, el objetivo es claro: "Lo que buscan es dejar a la Defensoría totalmente descabezada, que funcione meramente en lo administrativo, pero sin capacidad de tomar posicionamientos políticos en la coyuntura que hoy tenemos".
Las organizaciones siguen adelante
Las organizaciones trabajan en varios frentes. Che Pibe prepara cartas a cada presidente de bloque del Senado. "Los estamos poniendo como responsables de que tienen que hacer las cosas según reglamento, acá estamos hablando de los chicos", dice Val.
La Red Argentina No Baja analiza interponer un recurso de amparo para declarar la irregularidad de la última decisión de la Bicameral. Desde Infancia en Deuda, Rodríguez resume el escenario: "Lo que no tenemos es una Defensoría fuerte y activa reclamando por los derechos en un contexto donde hay muchas vulneraciones. La pobreza no es nueva, los problemas en educación no son nuevos, pero sí son urgentes, y necesitamos instituciones que se ocupen de eso".
