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Sin embargo, el clima de la jornada no será solo de «brazos caídos». A la medida de la central obrera se sumarán las CTA, gremios combativos como la UOM y Aceiteros, y movimientos sociales que marcharán al Congreso para repudiar una ley de «clara inconstitucionalidad» que busca desfinanciar la seguridad social y precarizar el empleo formal. «No se puede tratar en instancias extraordinarias un tema de 200 artículos otorgándonos solo 5 minutos a los sindicatos», denunció Hugo «Cachorro» Godoy, de la CTA Autónoma, señalando la falta de debate democrático impuesta por la Casa Rosada.

Mientras el presidente está en los Estados Unidos para sumarse al «Consejo de Paz» de Donald Trump, en el territorio nacional la realidad es la de un cementerio industrial. El reciente anuncio del cierre definitivo de Fate, con casi mil despidos, fue el telón de fondo de una movilización de jubilados que este miércoles ya enfrentó un desmesurado operativo de seguridad.

Para blindar la sesión del jueves, la sucesora de Patricia Bullrich, Alejandra Monteoliva, ya dispuso un despliegue «blindado» en las inmediaciones del Congreso: camiones hidrantes, retenes y la intimidante presencia de fuerzas federales para contener el descontento social.

La CGT ya adelantó que, de convertirse en ley, el camino seguirá en los tribunales. Con 400 empleos formales perdiéndose por día y 21 mil pymes cerradas en lo que va del ciclo libertario, el sindicalismo endurece su postura. «No entreguen la dignidad del pueblo», fue el mensaje a los diputados que este jueves deberán decidir si acompañan la entrega de derechos o escuchan el estruendo de un país que, por cuarta vez.