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La demanda de bajar la edad de imputabilidad no se explica únicamente por la agenda de seguridad, sino por el clima general que refleja el MOP. La situación económica aparece como el principal problema del país y el 46,8% evalúa negativamente el rumbo nacional. En ese marco de malestar, crece la expectativa de respuestas firmes y decisiones concretas. La discusión penal se inscribe en esa lógica: cuando la percepción de fragilidad aumenta, la tolerancia social disminuye y el reclamo de orden se vuelve transversal.

 

La encuesta también muestra que el desempleo figura entre las principales preocupaciones y que el 41,9% atravesó la pérdida de trabajo propia o en su entorno cercano durante el último año. A esto se suma que el 76,1% considera que su salario no le gana a la inflación. Este escenario de inestabilidad económica y deterioro del poder adquisitivo impulsa la búsqueda de cambios estructurales, particularmente en el mercado laboral, donde casi la mitad de la sociedad se muestra dispuesta a respaldar modificaciones de fondo.

En una economía con altos niveles de informalidad y condiciones laborales frágiles, se consolida además un fuerte desgaste de los actores sindicales tradicionales. El MOP de noviembre ya había registrado una mala imagen de los gremios, con alrededor del 65% de evaluación negativa. A ello se sumó el amplio respaldo social a la eliminación de las cuotas sindicales obligatorias, aunque finalmente el Gobierno y la CGT acordaron mantenerlas. Ese contraste expone una brecha entre la dirigencia sindical y el humor social: mientras las cúpulas gremiales resisten cambios y defienden estructuras de financiamiento propias, una parte significativa del electorado cuestiona su representatividad y su capacidad real de mejorar las condiciones laborales.