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Esta baja inversión impacta en diferentes aspectos dentro de CONICET. Específicamente, se observa en la desvinculación de casi 400 becarias y becarios posdoctorales que terminan su beca antes de los resultados de ingreso al organismo (los cuales estarían recién en agosto de 2027) por el no otorgamiento de prórrogas de las mismas. A ello se suma la no efectivización de los ingresos concursados  a carrera de investigador científico de casi 1000 personas correspondientes a las convocatorias CIC2022 y CIC2023; la no efectivización de cargos concursados del personal de apoyo (CPA); el recorte arbitrario de 445 puestos de la CIC2023; la baja masiva de la obra social UP que tiene el personal de CONICET; y, en general, a la caída del salario que ya llega a un 40%. 

Además, el desmantelamiento de AGENCIA afecta directamente al personal de CONICET, puesto que se trata del principal organismo que financia proyectos de investigación. AGENCIA contaba con fondos internacionales cuyo único fin debía ser el financiamiento de estos proyectos, pero esos fondos desaparecieron. Como resultado, fueron canceladas las convocatorias para Proyectos de Investigación Científico Tecnológica (PICT), lo que afectó seriamente la continuidad de los trabajos. RAICYT realizó una presentación ante la justicia para determinar cuál fue el destino de ese financiamiento. Otra cuestión vinculada con AGENCIA es que también financia becas doctorales y los estipendios no han sido actualizados desde 2024.

Los responsables de luchar contra este vaciamiento son el directorio de CONICET, especialmente su director Daniel Salamone, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología a cargo de Darío Genua, y la Jefatura de Ministros bajo Diego Santilli. 

Además de este desfinanciamiento, desde el gobierno se ha promovido sistemáticamente la violencia simbólica contra el personal de ciencia del país, desprestigiando nuestra labor, estigmatizando nuestras luchas y reclamos. Incluso, hace dos semanas, hizo uso de la violencia física, reprimiendo con policía de la ciudad en el Polo Científico con Gendarmería en la CNEA. 

 En marzo de 2026 la cifra de personas con becas doctorales y posdoctorales era de aproximadamente 9500, mientras que hace dos años atrás llegaba a 11.000. Esto implicó una pérdida de cientos de líneas de investigación y la ruptura de grupos de trabajo de todo el país. La situación es preocupante puesto que muchas de estas personas se encuentran considerando otras opciones laborales, en lugar de continuar vinculadas al organismo. 

Si bien la mayoría de becarios y becarias poseen otros trabajos como docentes (con un máximo de horas permtidas), una parte de estas personas quizá no puedan insertarse en el sector privado, ya que no cuentan con trayectoria en el mismo. Esto se debe a que CONICET no permite desempeñar otras funciones en el ámbito privado mientras dure la beca, ya sea doctoral o posdoctoral. Cabe destacar que el estipendio recibido durante estas becas no contempla aportes jubilatorios, sueldo anual complementario, ni se rige por paritarias. Para el gobierno, no somos trabajadoras/es y es por eso que vemos vulnerados todos nuestros derechos. Esto incrementa la vulnerabilidad del conjunto de becarios y becarias del organismo.

Actualmente, existen 585 ingresos de CIC2022 y 400 de CIC2023 que no fueron dados de alta en el organismo. Esto genera una situación de incertidumbre para estas personas que atravesaron todos los procesos de selección y merituaron para formar parte de la planta permanente de CONICET. Específicamente, en nuestro caso, el no otorgamiento de la prórroga de nuestras becas posdoctorales significa la pérdida de la inversión realizada por el Estado en los últimos 8 años. En el futuro, está inversión no va a poder ser recuperada. Todas estas son decisiones políticas que afectan la soberanía científica de nuestro país.