En un contexto de incremento de la vulnerabilidad social, atravesado por el impacto de las políticas nacionales, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires profundiza su estrategia de atención a personas en situación de calle. Bajo la gestión del gobernador Axel Kicillof, en los últimos dos años se duplicaron los Centros de Integración Social (CIS), ampliando la capacidad de respuesta y la presencia territorial, mediante un esquema que combina dispositivos convivenciales, equipos móviles y operativos estacionales.
A través del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad —a cargo de Andrés Larroque— la Provincia consolidó una red que pasó de 28 centros a 58 dispositivos en funcionamiento, distribuidos en distritos del AMBA y del interior bonaerense, que operan las 24 horas. Se trabaja junto a municipios, organizaciones de la sociedad civil y entidades eclesiásticas.
En estos espacios no solo se brinda alojamiento, sino también acceso a salud, educación, formación laboral, recreación y fortalecimiento de vínculos, con el objetivo de construir proyectos de vida y promover la restitución de derechos.
En esa línea, el subsecretario de Organización Comunitaria, Santiago Fidanza, que tiene bajo su órbita la Dirección de Atención a Familias en Situación de Calle, afirmó: “No alcanza con administrar la emergencia. Estamos frente a una problemática estructural que tiene que ver con la pérdida de ingresos, la ruptura de redes, los consumos problemáticos y la falta de acceso a derechos básicos en un escenario de deterioro social creciente”.
En ese sentido, sostuvo que el abordaje “requiere políticas públicas integrales y sostenidas, articulación entre niveles del Estado y una presencia activa en el territorio. Desde la Provincia llevamos adelante con mucho esfuerzo distintos programas para atender la problemática, aun en un contexto de asfixia financiera por parte del gobierno de Milei y de escasez de recursos”.
Desde el gobierno bonaerense remarcan que comprender la complejidad del fenómeno es clave para diseñar respuestas efectivas, evitando simplificaciones que desplacen el eje de las causas o enfoques que trasladen responsabilidades entre jurisdicciones, como ocurre con el Gobierno porteño.
Ausencia de una política nacional Asimismo, Fidanza señaló que la problemática no puede desligarse de las decisiones adoptadas a nivel nacional. La modificación de la Ley N.º 27.654 que garantiza derechos a las personas en situación de calle, implicó un corrimiento del Estado nacional, reduciendo su rol a una función de coordinación que, en la práctica, no se ejerce, y trasladando responsabilidades a provincias y municipios sin los recursos necesarios.
En ese marco, la ausencia de una política nacional activa en materia de inclusión social y acceso a la vivienda, limita la posibilidad de construir respuestas estructurales y sostenidas en el tiempo.
Red territorial y operativos móviles Los 58 CIS funcionan con equipos interdisciplinarios integrados por profesionales, operadores y talleristas, y se articulan en red con municipios, organizaciones sociales y entidades religiosas, lo que permite un abordaje coordinado y sostenido en los distritos.
Este esquema se complementa con dispositivos móviles de atención. Actualmente hay siete en funcionamiento en municipios como Almirante Brown, General Pueyrredón, La Plata, Lomas de Zamora, Moreno, Quilmes y San Martín. Estos equipos intervienen en horario vespertino, adaptando las estrategias a la demanda concreta de cada territorio, brindando acompañamiento, acceso a higiene personal y vinculación con dispositivos de contención.
Fidanza destacó que “la Red de CIS es una política pública integral que trabaja sobre todas las dimensiones de la vida de las personas: salud, educación, vínculos, formación y proyecto de vida. Lo que buscamos es reconstruir trayectorias, no solo dar una respuesta momentánea”, sostuvo.
“Las personas en situación de calle no son el problema, están atravesando extrema vulnerabilidad. Frente a esto la respuesta tiene que ser más presencia del Estado, más articulación y más responsabilidad institucional, no la estigmatización”, agregó el funcionario.
Durante los meses más fríos del año, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad refuerza su intervención mediante la Campaña de Invierno, que implica la ampliación de operativos territoriales y la distribución de insumos esenciales. En ese marco, se entregan elementos de abrigo —zapatillas, camperas y frazadas— y kits de higiene personal, tanto en los centros como a través de dispositivos itinerantes y móviles.
