MARTES 21 DE JULIO DE 2026
Pinamar a través del denominado PROYECTO PINAMAR 2050 entró en una etapa curiosa donde el único plano político que interesa a nuestro Intendente es abandonar la idea de administrar lo público para abrazar una nueva doctrina, la del negocio personal de unos pocos. Y cuando alguien pregunta qué pasa con la calidad de vida, la respuesta suele venir envuelta en palabras mágicas: desarrollo, inversión, progreso. En el entretanto el abandono de la ciudad 'solo maquillada para la llegada de cada vez menos turistas', soporta con una lavadita de cara en fechas clave y deja traslucir la hipocresía, abandono y dejadez que caracteríza a esta gestión.
Palabras que en la política pinamarense funcionan como el “abracadabra” de los tiempos modernos. Se dicen dos o tres cosas y todo se transforma en un emprendimiento inmobiliario, un pulmón verde pasa a ser una “unidad de oportunidad urbana” y un barrio tradicional descubre que su futuro inevitable es tener una cafetería en la planta baja de un edificio de veinte pisos. Es tal la locura que hace poco una calle en Mar de Ostende que culmina en la playa intentaron privatizarla, algo que finalmente fracaso ante la presión mediática. Es el vale todo en el ideario de esta administración.
Bienvenidos pinamarenses a la era del urbanismo con mentalidad de liquidación, porque incluso los dueños de la tierra en Pinamar ya ni siquiera residen en el distrito. “venden todo, lo único que tienen que agarrar es el cepillo de dientes y se van cuando comercialicen el último lote” y que se arreglen si el cemento concluye con el acuifero, porque durante décadas en Pinamar si algo falta es infraestructura: El agua de CALP es corriente, no potable, e insuficiente en temporada, no hay cloacas, las conexiones de gas sujetas a cupos y restricciones de factibilidad técnica y bueno es recordar que la presión sobre las napas amenaza con agotar las reservas geológicas, que según dicen -sin ningún fundamento científico- se revitalizarán con la construcción de la Planta de tratamiento de efluentes y liquidos cloacales, que procesados se incorporarían en el acuifero.
Mientras tanto la lógica dominante del Intendente Ibarguren es que todo está en venta. El Estado vende, el municipio flexibiliza para permitir construír sin control alguno a punto tal de alcanzar el costo de vidas humanas, por ausencia de fiscalización. Para Ibarguren la inversión privada solucionará lo que antes resolvía la planificación pública. La receta es sencilla: donde hay un problema, poner cemento. Donde falta infraestructura, permitir más construcción. Donde hay falta de espacios verdes, explicar que los nuevos edificios tendrán “espacios sustentables” con tres plantitas ornamentables en una terraza de hormigón.
La naturaleza en Pinamar, a criterio de Ibarguren también tiene que adaptarse.
Pinamar siempre fue orgullosamente uno de los municipios con mejor calidad urbana del país. pinos, naturaleza, mar, casas bajas, espacios abiertos, una identidad construida durante generaciones, solo boicoteada desde el ejecutivo municipal y la complicidad de algunos sectores políticos del Concejo Deliberante de Pinamar que averguenzan con esa marea de excepciones al COU, generalmente aceptadas por quienes están a la caza de privilegios espúrios. Precisamente por eso resulta tan sensible cualquier discusión sobre el destino de sus espacios públicos, patrimoniales y fundamentalmente no seguir alterando con construcciones que superen esas premisas fundacionales.
El debate alrededor de la construcción en los terrenos (Pinamar 2050) expresa una discusión mucho más profunda: Es cierto que los lotes donde se planean esas edificaciones pertenecen a inversores. Pero la responsabilidad es articular en base a lo que significa Pinamar cómo municipio y no cómo una oportunidad económica otorgando beneficios al mejor postor para hacer cualquier cosa.
En Pinamar la pregunta incómoda es simple: ¿cuánto vale una ciudad que pierde aquello que la hace distinta?
La discusión sobre la modificación del Código de Ordenamiento Urbano (COU) en Pinamar no es solamente una cuestión técnica reservada a arquitectos y especialistas. Es, en realidad, una discusión política sobre qué modelo de ciudad se quiere construir. No somos Mar del Plata, somos Pinamar, una ciudad jardín.
El Código de Ordenamiento Urbano define mucho más que alturas máximas o indicadores de construcción, que como expresamos más arriba pocos funcionarios y políticos respetan. Decide quién puede vivir en una ciudad, cómo se distribuyen sus recursos, qué barrios se protegen y cuáles quedan sometidos a la presión del mercado.
Cuando se modifica un COU, no solamente cambia un plano. Cambia el futuro. Pero atención pinamarenses: la pregunta no es si una ciudad debe cambiar. Las ciudades siempre cambian. El problema es quién decide ese cambio y para beneficio de quién.
Y el problema se agudizó en Pinamar cuando la planificación urbana empezó a ser diseñada en el despacho de un Intendente que no entiende que es el 'salón Bonilla' no una oficina inmobiliaria. Porque una ciudad no es un tablero donde se acomodan fichas para maximizar ganancias. Hay personas viviendo ahí.
Para el Intendente Ibarguren la nueva tendencia es transformar cada rincón en una oportunidad de inversión y la ciudad como cartera de activos. El barrio como producto. Para él los vecinos terminan siendo un obstáculo administrativo molesto que todavía no entendieron las ventajas del progreso. Vecinos a los que además les está cobrando tasas exhorbitantes y manejando un presupuesto de $ 75.951.000.000.- más una ampliación presupuestaria dispuesta mediante Decreto 0684/2026 del último 23/04/2026 en la suma de $ 7.498.305.35.- para hacer absolutamente nada más que negocios de dudosa y signficativa implicancia ambiental.
