Durante la audiencia, los representantes de ATILRA ratificaron su oposición al plan que SanCor presentó la semana pasada el cual contempla una reducción del 32,5% del personal, pasando de 936 a 632 empleados, además de la venta de activos improductivos y una reconversión del modelo de negocios orientada al procesamiento de leche para terceros. La cooperativa argumentó que esa estrategia permitiría generar ingresos y recuperar estabilidad operativa.
El gremio, sin embargo, considera que la propuesta carece de sustento económico y laboral. Según expresaron tras el encuentro, SanCor reconoce que no cuenta con los recursos necesarios para cumplir con las obligaciones salariales ni para sostener el nivel de actividad, lo que, a criterio del sindicato, vuelve inviable el plan.
El delegado Alejandro Cabrera reiteró que los trabajadores no son responsables de la crisis de la empresa y que el gremio impulsa la figura de la “quiebra con continuidad productiva” para mantener la actividad sin la actual conducción. Esa posibilidad está prevista en la ley concursal y permitiría sostener la explotación bajo control judicial mientras se buscan nuevos operadores.
En tanto, el abogado de ATILRA, Alberto Coronel, explicó que la figura de la continuidad de la explotación procura preservar las fuentes de trabajo y evitar el desmantelamiento de las plantas. Según el letrado, cuando se decreta una quiebra, el juez puede autorizar la continuidad de la producción bajo administración provisoria para impedir la liquidación por partes.
Coronel también cuestionó la viabilidad del plan de crisis, al señalar que la cooperativa opera mayormente bajo el formato de fasón, es decir, procesando materia prima de terceros, y aun así mantiene fuertes atrasos salariales. De acuerdo con los datos gremiales, SanCor adeuda el 70% de los haberes de mayo y la totalidad de los correspondientes a junio, julio, agosto, septiembre y el medio aguinaldo.
Además, el estudio jurídico Regali y Asociados, que representa a acreedores de la firma, se mostró en línea con la postura sindical y también pidió que se analice una eventual intervención judicial de la administración.