La medida quedó formalizada a través de la Decisión Administrativa 2/2026, publicada en el Boletín Oficial, y dispuso la asignación de $190.000 millones para el territorio porteño, en cumplimiento de la medida cautelar dictada por el máximo tribunal en el marco del conflicto por la coparticipación federal. En paralelo, se aprobaron $14.300 millones adicionales para el Senado, destinados a garantizar su funcionamiento operativo durante el ejercicio en curso.

Según detalla la normativa, la adecuación del Presupuesto 2026 alcanza a distintas jurisdicciones y organismos de la Administración Nacional y responde a la necesidad de “afrontar gastos que hacen al cumplimiento de su cometido”. En el caso del Poder Legislativo, el texto subraya que resulta “menester incorporar en el presupuesto del H. Senado de la Nación créditos necesarios para atender gastos que hacen a su normal funcionamiento”.

Los fondos asignados a la Cámara alta, que preside la vicepresidenta Victoria Villarruel, provendrán del Tesoro nacional. De ese total, $10.611 millones estarán destinados a gastos de consumo y servicios, mientras que otros $3.689 millones se orientarán a la adquisición de maquinaria y equipamiento.

La decisión administrativa también contempla un incremento presupuestario para el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, organismo que funciona en el ámbito del Poder Legislativo. En este caso, se trata de una ampliación de $42.570.000 correspondiente a recursos provenientes de un convenio de subvención firmado con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), por lo que el refuerzo no impactará sobre las arcas del Ejecutivo nacional.

Cambios en el Presupuesto, para cumplir con la Ciudad

Distinto es el efecto de la transferencia destinada a la Ciudad de Buenos Aires. Los $190.000 millones se ejecutarán como transferencias corrientes desde el Tesoro nacional y, según consta en el texto oficial, implicarán un recorte directo en la asistencia financiera que reciben el resto de las provincias y municipios del país, un punto que vuelve a poner en el centro del debate la distribución de recursos federales.

En paralelo, y como parte del reordenamiento interno, el Ministerio de Economía realizó una compensación técnica de créditos por $400 millones dentro de su propia estructura. El monto fue detraído de partidas correspondientes a servicios no personales para reforzar el presupuesto destinado al ítem “Personal-Gabinete de Autoridades Superiores”.

Así, bajo el paraguas del cumplimiento de un fallo judicial, el Gobierno avanzó en una nueva modificación presupuestaria que combina obligaciones institucionales, ajustes administrativos y un impacto político que promete reavivar la discusión sobre el reparto de fondos entre la Nación, la Ciudad y las provincias.