Desde lo técnico, el proyecto parte de supuestos que parecen no reflejar el escenario actual del país. El economista Martín Kalos, director de EPyCA Consultores, asegura que las proyecciones “quedaron absolutamente obsoletas”, en especial tras la reciente inestabilidad cambiaria. “Si el Gobierno no logra contener esta crisis, o si se dispara nuevamente dentro de un par de meses, entonces no hay muchas chances de alcanzar una inflación del 14%”, advierte. 

Y agrega que, incluso en un escenario más benigno, el tipo de cambio actual solo puede sostenerse con tasas de interés muy altas, lo cual tensiona al resto de las variables macroeconómicas.

Por su parte, el economista Ricardo Delgado, presidente de la consultora Analytica, coincide en que los números están desactualizados. “Los supuestos macroeconómicos fueron construidos en una economía que no es ésta, ni será la del año que viene”, afirma. Aunque considera que el Gobierno no va a resignar su prioridad fiscal, también pone en duda dos metas clave: “Ni el crecimiento del 5,5% ni la inflación del 10% en promedio son alcanzables”.

“Ni el crecimiento del 5,5% ni la inflación del 10% en promedio son alcanzables”, sostiene el economista Ricardo Delgado

En paralelo, el Presupuesto 2026 plantea un ajuste que profundiza el camino iniciado en los primeros años de gestión. El recorte se focaliza en subsidios, obra pública y gasto social. Kalos destaca que esta estrategia ya tuvo consecuencias visibles, como la caída del empleo en la construcción, un sector clave para las economías regionales. Además, advierte sobre impactos estructurales de largo plazo: deterioro de infraestructura, falta de inversión en transporte eléctrico, aumento de costos logísticos y menor previsibilidad para las empresas que dependen de una matriz energética estable.

Delgado aporta una lectura complementaria. Según su análisis, “el ajuste más importante se dio en los primeros dos años de gobierno” y lo que plantea el nuevo presupuesto no representa un salto mayor en términos de impacto económico. Sin embargo, llama la atención sobre una decisión clave: “El Gobierno intenta desenganchar el aumento de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras asignaciones de la inflación”. 

Pese al anuncio de aumentos en salud, educación y pensiones por discapacidad, el economista Martín Kalos advierte que se parte de pisos históricamente bajos: “Es recuperar una parte de lo perdido”

En su opinión, podría alterarse uno de los pilares que sostuvo cierta estabilidad social en medio del ajuste. “Parte de la tranquilidad social en los sectores más vulnerables tuvo que ver con que la AUH y la tarjeta alimentaria aumentaron muy por encima de la inflación”, explica.

Otro de los ejes del presupuesto son los aumentos previstos en salud, educación y pensiones por discapacidad. Aunque el mensaje oficial es que habrá una expansión del gasto en estas áreas, Kalos aclara que se trata de incrementos moderados, partiendo de niveles históricamente bajos. “Decir que ahora aumentan es, en realidad, recuperar una parte de lo perdido. Respecto del año pasado es un incremento, pero si se compara con hace dos o tres años, sigue siendo una reducción”. 

En ese sentido, también sostiene que estos incrementos son fiscalmente sostenibles, ya que representan una porción muy acotada del gasto total y no comprometen por sí solos el objetivo de equilibrio.

Así, no

El Congreso será el escenario principal del debate. El proyecto debe ser discutido y aprobado antes de fin de año. Pero 2025 está atravesado por elecciones legislativas y el clima político está marcado por tensiones entre oficialismo, oposición y gobernadores. Ni Kalos ni Delgado creen que el presupuesto pueda ser aprobado tal como fue enviado. 

Para Kalos, el principal escollo es la falta de voluntad de diálogo por parte del Ejecutivo: “El Gobierno no ha hecho política en estos años. Al contrario, ha quemado puentes incluso con quienes le proponían acuerdos diversos. Hoy se encuentra más aislado, replegado sobre una red propia muy acotada”.

Delgado, en cambio, apuesta a una posible reconfiguración política después de las elecciones. “En el reseteo de política económica que seguramente vendrá después del 26 de octubre, el Gobierno va a necesitar construir acuerdos y consensos. Y esos consensos se van a plasmar en el proyecto de presupuesto, en la discusión que se dé a partir de diciembre”. Considera que los bloques provinciales, en particular, jugarán un rol clave en esa negociación, mientras que espacios políticos más ideológicos probablemente se mantendrán al margen.

Ambos economistas coinciden en que el Presupuesto 2026 no es solo una herramienta técnica, sino también una señal política e institucional. Según Kalos, lo que está en juego va más allá de la viabilidad de las proyecciones. “El Congreso va a exigir que haya prioridades de gestión consensuadas. Pero eso es muy difícil si el Poder Ejecutivo no concibe siquiera la posibilidad de dialogar”, remarca.

Delgado también subraya la importancia de que el presupuesto esté aprobado. “No tenerlo es una debilidad, más allá de lo institucional, en términos de incentivos y señales de la política hacia la economía”, sostiene. Y concluye que el documento no debe ser solamente un gesto simbólico, sino también un plan ejecutable: “Tiene que ser lo más sólido posible, lo más realista posible, lo más legitimado posible desde el Congreso”.