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La reforma constitucional de 1994 modificó parte del equilibrio histórico entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Por un lado, fortaleció la figura presidencial con la incorporación de la reelección inmediata y el reconocimiento constitucional de los decretos de necesidad y urgencia (DNU). Pero, al mismo tiempo, intentó sumar herramientas de control parlamentario para compensar ese aumento de poder.

“Como contraprestación, se intentaron incorporar mecanismos vinculados a dos cuestiones. Una política, relacionada con el propio posicionamiento del ex presidente Raúl Alfonsín en esas discusiones, y otra ligada al debate intelectual, porque todavía en la década del 90 estaban muy en boga las discusiones sobre si fortalecer el presidencialismo podía tener efectos nocivos sobre la estabilidad del régimen democrático”, explicó al medio El Auditor.info Gabriela Rodríguez, integrante de la Red de Politólogas.

En ese esquema apareció la figura del Jefe de Gabinete, uno de los cambios institucionales más importantes de la reforma. Aunque es designado por el Presidente, el cargo quedó sujeto a controles del Congreso: debe asistir periódicamente al Parlamento a dar informes de gestión, puede ser interpelado y también enfrentar una moción de censura.

“Ese sería, más o menos, el efecto compensatorio: se fortaleció la figura presidencial mediante la reelección inmediata y la constitucionalización de ciertos decretos de necesidad y urgencia, pero al mismo tiempo se intentó establecer algún límite institucional”, agregó Rodríguez.

En esa misma línea, el abogado constitucionalista Diego Armesto sostuvo que el objetivo de la reforma fue “revalorizar la función del Congreso dentro de la estructura constitucional argentina y pasar de un presidencialismo fuerte a un esquema con mayores controles sobre el Ejecutivo”.

Sin embargo, tres décadas después, muchos de esos mecanismos aparecen más presentes en el texto constitucional que en la dinámica política cotidiana. El artículo 71 de la Constitución habilita a ambas Cámaras a citar ministros para recibir explicaciones e informes sobre temas de gestión, aunque en la práctica no existen sanciones efectivas si no asisten. Ahí radica una de las principales limitaciones del sistema.

“En nuestro esquema presidencial existe la posibilidad de interpelación, pero no la moción de censura para los ministros, como sí se contempla para el jefe de Gabinete”, explicó Rodríguez. Pero agregó: “Podríamos decir que quedó en desuso, básicamente porque nunca se lograron las mayorías, los acuerdos ni los consensos necesarios para activarla”.

Armesto coincidió en ese diagnóstico y advirtió que la herramienta perdió fuerza con el paso del tiempo. “La interpelación a los ministros es una herramienta de control que tiene el Congreso, aunque en la República Argentina prácticamente no se utiliza”, sostuvo. Y agregó: “Eso debilita la idea de darle una mayor relevancia al Congreso de la Nación dentro del diseño institucional”.

Los antecedentes reflejan esa situación. Desde el regreso de la democracia en 1983, las interpelaciones concretas fueron excepcionales. Entre las más recordadas aparecen las realizadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín a los ministros Antonio Tróccoli y Germán López, además de las convocatorias a Domingo Cavallo durante la presidencia de Carlos Menem.

Después de eso hubo nuevos intentos, aunque casi todos quedaron truncos. El Congreso aprobó distintas citaciones, pero varios funcionarios nunca dijeron presente. “En el último tiempo, los ministros casi nunca se han presentado cuando fueron requeridos, incluso ante las propias comisiones”, remarcó Armesto. Para el constitucionalista, esto ocurre en un contexto de fortalecimiento del Poder Ejecutivo mediante decretos y delegaciones legislativas, mientras el Congreso “no cumple adecuadamente su rol de control”.

En ese escenario, la moción de censura aparece como un recurso todavía más excepcional. A diferencia de la interpelación, que funciona como un pedido de explicaciones públicas, la moción de censura habilita la remoción política del jefe de Gabinete. Incorporada en el artículo 101 de la Constitución, permite que el Congreso lo remueva mediante mayoría absoluta de ambas Cámaras. No requiere probar delitos: se trata de una decisión estrictamente política.

Pero tampoco logró consolidarse en la práctica. “La aplicación efectiva de estos mecanismos va a depender de la composición de las mayorías parlamentarias, de cómo funcionen las coaliciones políticas y también del peso que tenga el liderazgo del titular del Poder Ejecutivo dentro de su propio partido o coalición”, sostuvo Rodríguez. Para Armesto, detrás de esa dificultad persiste una tradición histórica de concentración presidencial: “Esto ocurre en un contexto en el que el Poder Ejecutivo retoma aquella idea planteada por Alberdi sobre la necesidad de un Poder Ejecutivo fuerte”.

Más allá de las interpelaciones y las mociones de censura, la Constitución prevé otros mecanismos de control, como el juicio político, las comisiones investigadoras y la revisión parlamentaria de los decretos de necesidad y urgencia. Pero los especialistas coincidieron en que ninguna herramienta funciona de manera automática. “Los mecanismos institucionales de control no deben analizarse en abstracto; para que toda esa articulación funcione es necesaria una determinada sinergia política”, señaló Rodríguez.