Estos recursos forman parte de una red de financiamiento internacional con la que Argentina sostuvo buena parte de sus programas de ciencia y tecnología desde los años noventa. A diferencia de otros rubros del presupuesto público, estos créditos, gestionados principalmente por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), tenían reglas fiduciarias estrictas, cronogramas, sistemas de seguimiento y auditorías externas como exigencia contractual del organismo financiero.

La Agencia I+D+i, creada en 1996 como organismo específico para financiar la ciencia, se constituyó como el principal canal de ejecución de estos fondos, que luego se aplicaban a través de unidades ejecutoras en universidades, centros de investigación y empresas tecnológicas. Tras el congelamiento de los fondos y la suspensión de los controles externos, ese andamiaje de seguimiento y transparencia quedó interrumpido.

Fernando Peirano, ex presidente de la Agencia, explicó a El Auditor.info que la falta de ejecución de fondos genera “una zona gris donde nadie termina de saber dónde está el cuello de botella y cuando nadie sabe con claridad quién es responsable, la transparencia se degrada”. 

Señaló, además, que los créditos internacionales no eran solo recursos económicos, sino también un sostén institucional: “El BID y el crédito externo no son una nota al pie del sistema científico argentino. Fueron un soporte estructurante, no solo por los recursos, sino por el orden, los incentivos, los controles, los indicadores y la previsibilidad”.

El flujo de fondos se realizaba en cuotas: la Agencia solicitaba desembolsos, rendía cuentas de los gastos y luego pedía la siguiente cuota. La interrupción de este ciclo, junto con la suspensión de auditorías externas, bloqueó proyectos ya aprobados. 

Jorge Aliaga, integrante del Directorio del CONICET, agregó que las auditorías externas buscan garantizar a los bancos que los fondos se usen correctamente: “No están enfocadas directamente en los investigadores, sino en que los bancos que otorgaron el crédito tengan la garantía de que los fondos fueron utilizados correctamente”.

La falta de ejecución tiene consecuencias directas para los investigadores: “Lo fundamental para el sistema científico es que exista financiamiento para proyectos y, actualmente, para la ciencia básica, no lo hay”, señaló Aliaga. 

Sin recursos a disposición, los planes de investigación se detienen. “Si no hay dinero disponible, no es posible realizar ninguna de estas actividades. Ese sería, en síntesis, el efecto que tiene la falta de financiamiento sobre los investigadores en general y sobre los del CONICET en particular”.

Programas emblemáticos como los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) financiaron ciencia básica, becas y grupos de investigación durante décadas, y también permitieron construir “una cartografía fina de capacidades científicas y tecnológicas del país”, explica Peirano. 

Para Aliaga, existe confusión sobre la disponibilidad real de los créditos: “Muchos creen que cuando recibís un crédito, te entra toda la plata de una sola vez, pero los fondos se reciben por cuotas y se ejecutan etapa por etapa. La demora o el bloqueo de esos desembolsos impide que los investigadores hagan ciencia, aunque la plata exista”.

El congelamiento y la demora afectan no solo a los investigadores individuales, sino también al funcionamiento institucional de todo el sistema científico, que abarca universidades, centros de investigación y empresas. Tras la advertencia del BID, el gobierno reabrió la licitación para contratar auditorías externas con el objetivo de cumplir con las exigencias de los bancos internacionales y no perder los fondos comprometidos.

Peirano advirtió que la recuperación del funcionamiento institucional no es rápida. “Cuando se desmantela la Agencia, no se está desmantelando una oficina: se está descapitalizando un nodo institucional en el que se acumuló aprendizaje. Se construye en años y se pierde rápido”, planteó.